El Estado peruano se ha convertido, a nivel interno, en un mal pagador. Es frecuente que a los Congresistas nos lleguen pedidos de diferentes sectores de la ciudadanía, solicitando nuestra intervención para que el Estado, a través del Ejecutivo, honre alguna deuda.
Continúan las gestiones para lograr que a los profesores contratados (más de 500 en Piura), el Estado les pague; los Policías exigieron también se les pague el fruto de los convenios del Ministerio del Interior con los municipios. Para lograr su pago recurrieron a nuestro despacho y fruto de arduas gestiones logramos conseguir que el Ministerio del Interior desembolse el dinero. Los jubilados, con esperanza, piden que la ONP reconozca sus años de aportación y su pensión de jubilación y diariamente atendemos y gestionamos estos casos. Con los pensionistas de agricultura libramos una larga batalla hasta conseguir que se presupueste parte del dinero que se les adeudaba …
A esta lista se suman los expropiados de la reforma agraria que implantó en 1970 el presidente Juan Velasco Alvarado. A través de la ley Nº 17716, Velasco despojó de sus tierras a miles de agricultores, a cambio de bonos que hasta ahora -el propio Estado que se los dio- no quiere honrar.
El monto de la deuda asciende a 4 mil millones de dólares (en valor constante). Esta falta ha sido reconocida, incluso, por el propio Tribunal Constitucional que en mayo de 2001, obligó al Estado a pagar la deuda producto de la expropiación y declaró que se atentó contra la propiedad porque en la práctica se procedió a confiscar las tierras.
A raíz de este fallo, en julio del mismo año, el Ministerio de Economía y Finanzas conformó una comisión, de tal forma que se cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta comisión no tuvo resultado alguno.
En el 2006, un grupo de expropiados presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado peruano para obligarlo a pagar. Fruto de ello, en mayo del año pasado, el Estado fue notificado para que cumpla con esta obligación. No obstante, en noviembre el MEF presentó un informe, a dicha instancia, negando la existencia de la deuda y unos días después salió el entonces ministro de Economía, Luis Valdivieso, a reconocer públicamente la existencia de la misma. La pregunta entonces es ¿El Estado falta a la verdad?
La respuesta parece obvia. Y preocupa además porque si el Estado no paga a los agricultores expropiados, luego sí paga a grandes compañías, que se benefician con este incumplimiento. Existe, por ejemplo, el Fondo Gramercy, que es un fondo de inversión cuyo negocio es comprar deuda de difícil cobro a montos irrisorios. Luego, exige mediante acciones judiciales el íntegro de la misma. ¿Cómo obliga a pagar? Embargando los depósitos del Estado en el exterior. Con ello, ¿no es preferible que el Estado pague a los expropiados, en vez de que lo haga a grandes compañías, que lo obligan a pagar fuera? Parece que el Estado aún no entiende que es importante y hasta rentable desterrar la “cultura del perro muerto”.
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