¿Se puede hablar de corrupción?
Uno no necesita estar muy informado para saber que el Gobierno Aprista se está volviéndose indistinguibles en muchas áreas. Lo que no es tan bien conocido es por qué sucede esto.
Simplemente hay demasiadas historias de corrupción, robo, apropiación de tierras y otras perfidias como para suponer que son todas partes de una serie de incidentes aislados. De hecho, lejos de ser capaz de combatir la corrupción, el Partido Aprista Peruano depende mucho de su imagen de ser un fracaso el no poder combatirla, y en especial corren el peligro de ser sepultados de por vida en el campo político.
¿La historia enseña a confiar o desconfiar de nuestra gente?
Comenzaremos con el caso Elliot Associates LP compró en cuatro operaciones entre el 31 de enero y el primero de marzo de 1996, un monto total nominal de US$ 20,7 millones que correspondía a US$ 7 millones por deuda del Banco de la Nación y a US$ 13,7 millones por deuda del Banco Popular. Por el total de toda esta deuda Elliot terminó pagando sólo US$ 11 millones de dólares. Esta venta fue realizada por el Swiss Bank quien entre octubre y diciembre de 1994 se había hecho con estos papeles de deuda del Perú, que fueron comprados a Lehman Comercial Paper y Socimer, quienes eran los acreedores iníciales.
En todo caso, el Perú terminó perdiendo mucho dinero en esta operación, ilegalmente concedida gracias a la anuencia del Swiss Bank, quien para la fecha tenía un contrato con el Perú por el cual nuestro país tenía la preferencia de compra de papeles de deuda que estaban en posesión de ese banco, quien además había usado información privilegiada para la compra de los papeles de deuda del Banco Popular. Además el Swiss Bank estuvo vinculado en otra operación de dudosa legitimidad, como representante del Perú en junio de 1996, en la compra de los papeles de la deuda con Rusia. Fue nuestro representante a pesar de que para esta época ya habían comenzado los litigios con Elliot, increíblemente.
En principio Elliot pedía el pago de 62 millones y además, porque el juez había ordenado pagar US$ 57’466,592.85 más gastos legales.
La compra de la deuda Rusa, que no fue realizada mediante los canales oficiales entre ambos gobiernos, sino mediante el Swiss Bank y Jorge Peschiera Cassinelli, negociador oficial de la deuda con la banca privada, e implicó la compra de un monto nominal de 1000 millones de dólares en deuda, con el pago de 130 millones en efectivo, compra que se hizo a través del Swiss Bank, quien por esta operación recibió el pago de 2.25 millones de dólares. Esta operación indispuso al gobierno Ruso frente al Perú, lo que impidió posteriormente al Perú la compra de armas, pertrechos y repuestos rusos para los aviones comprados a Bielorrusia. El costo para el Perú fue de 1 800 millones de dólares que se gastó en adquisiciones militares inservibles.
Otra responsabilidad importante en el caso Elliot la tiene Jaime Pinto Tabini, funcionario del MEF, encargado de controlar las operaciones realizadas por el Swiss Bank; quien sospechosamente, el 30 de setiembre se retira del MEF para dos años después brindarle asesoría legal a Elliot Associates LP, en su juicio contra el Perú. Al parecer, esta extraña relación data desde 1996. Esto constituye un acto de corrupción totalmente tangible, por cuanto el señor Pinto manejaba información confidencial del Estado Peruano durante su estadía en el MEF. Sorprendentemente, Jaime Pinto fue nombrado por el MEF en marzo del 2001 como representante del Perú ante el BID.[1]
¿Se puede sacar provecho?
La respuesta parece obvia. Y preocupa además porque si el Estado no paga a los agricultores expropiados, luego sí paga a grandes compañías, que se benefician con este incumplimiento. Existe, por ejemplo, el Fondo Gramercy, que es un fondo de inversión cuyo negocio es comprar deuda de difícil cobro a montos irrisorios. Luego, exige mediante acciones judiciales el íntegro de la misma. ¿Cómo obliga a pagar? Embargando los depósitos del Estado en el exterior. Con ello, ¿no es preferible que el Estado pague a los expropiados, en vez de que lo haga a grandes compañías, que lo obligan a pagar fuera? Parece que el Estado aún no entiende que es importante y hasta rentable desterrar la “cultura del perro muerto”.
Señores congresistas: ¿Vale la pena discutir con el Ministro Carranza qué política de deuda interna nos conviene como Nación, claro, mientras él puede estar pensando en cuál le conviene para los bolsillos de algunos inversionistas extranjeros o Nacionales conocidos?
[1] Toda la información referida al caso Elliot es casi un resumen del informe de Ismael Muñoz, Caso Elliot contra el Perú, presentado en el Seminario Internacional: “La Deuda Externa y su impacto en los Derechos Humanos” marzo 2004.
