"Proponemos una reforma agraria y un proceso de desarrollo rural más centrado en los pobres, que cuente con la participación de la sociedad civil, y que sea sensible a los asuntos de género y ambiente", según la carta de principios aprobada por las delegaciones de 80 países que participaron en la reunión.
El nuevo modelo "debe contribuir a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza, basado en el respeto a los derechos de propiedad y principios como la igualdad, la inclusión social, que exige generar empleos para los sin tierra y elevar la renta de los pequeños productores, y la preservación del ambiente y de la cultura de los habitantes de las zonas rurales", añade el texto.
La reforma agraria es necesaria para combatir la pobreza en el mundo, ya que la mayoría de los pobres viven en regiones rurales, pero no se limita a distribuir tierras, sino que tiene que tener en cuenta las nuevas variables que generan pobreza en el campo, concluyeron los participantes en el encuentro organizado por la FAO.
La reunión, convocada 27 años después de la primera Conferencia de la FAO sobre el asunto (Roma, 1979), puso la reforma agraria de nuevo en la agenda mundial ante la necesidad de que el combate a la pobreza que se propuso la ONU comience por el campo.
Según los cálculos de Naciones Unidas, cerca de 852 millones de personas en todo el mundo tiene dificultades para alimentarse adecuadamente, de ellas el 75 por ciento en las áreas rurales.
La FAO considera que, sin una reforma agraria eficiente, el número de pobres seguirá creciendo, en lugar de caer a la mitad como se propuso la ONU entre sus objetivos del milenio.
Los negociadores coincidieron que no existe un modelo único de reforma debido a las particularidades de cada país, por lo que redactaron una "Carta de Principios" con recomendaciones generales.
Uno de tales principios es la necesidad de que los proyectos sean discutidos con representantes de la sociedad, en especial con grupos de campesinos sin tierra y pequeños productores, y que garantice los derechos de las mujeres, de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas, de los pescadores y de los pueblos de los bosques.
Otro principio indica que, para ser equitativos y efectivos, los proyectos exigen simultáneamente "políticas públicas permanentes" de asistencia técnica, crédito y capacitación.
