Carranza, el Encomendero.
Si el Perú fuera una República, el ministro de Economía debería estar preso o en un manicomio. Pero de sobra sabemos que no es así. El Perú todavía no da la talla para República; sigue siendo una Encomienda, y los encomenderos siguen portándose como dueños de la fiesta y de la torta.
En una República gobierna la Constitución y la Ley. Las autoridades juran cumplir y hacer cumplir la Ley. Para eso se las elige, para eso se las designa, y para eso se les paga una remuneración.
En el Perú sin embargo, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el Estado debe pagar las indemnizaciones constituidas en el proceso de Reforma Agraria a valor actual, pero el encomendero Carranza, en informe ante la Comisión Agraria del Congreso, afirma que esa sentencia no le genera obligación ni responsabilidad alguna.
El Estado peruano dictó el Decreto de Urgencia 088-2000 reconociendo que no ha pagado los Bonos de la Deuda Agraria, reconociendo que debe pagarlos para legitimar las transferencias de dominio de la propiedad rural, y proponiendo una forma de pago a valor actualizado. El encomendero Carranza afirma, en contra de esta ley, que el Estado no debe nada, que cuando el Estado entrega papeles es como si entregara efectivo, y que su Encomienda no le debe absolutamente nada a los confiscados por el Estado en el proceso de Reforma Agraria.
Si el Perú fuera una República, la Fiscal de la Nación debería haber ordenado la detención de este insubordinado subalterno, por incurrir en la comisión flagrante, de los delitos de desacato y abuso de autoridad, por lo menos. El Presidente del República, si la tuviéramos, debería haberlo cesado en el acto. El Congreso de la República, si en verdad fuera el primer poder del Estado, debería haberle instaurado, en el propio seno de la Comisión Agraria, antejuicio político.
En el Perú, Carranza, el encomendero, desacata las sentencias del Tribunal Constitucional, contraviene el mandato expreso de una ley, falsea el registro de obligaciones en las Cuentas Nacionales, vicia de inconstitucionalidad el Presupuesto de la República al no consignar partida para atender la Deuda Pública Interna, y encima promueve la derogatoria de la ley de reestructuración de obligaciones de los campesinos, “para no incentivar una cultura del perro muerto”. Concha, que la llaman.
El informe de Carranza ante la Comisión agraria no tiene valor jurídico alguno, pero curiosamente, puede tener mucha utilidad. El informe de Carranza ha cumplido eficazmente la misión de abonar la incertidumbre que embarra los Bonos de la Deuda Agraria e infama a los agricultores peruanos confiscados hace cuarenta años. La misma que ha tirado sobre los Bonos favorece a los especuladores que los están comprando a precio de lentejas. Sin quererlo, Carranza ejerce de encomendero y funge de encargadito. Sin querer queriendo, diría el Chavo.
Alfonso Chunga Ramírez
