La ley es la ley, lo ancho para mi, lo angosto pa ti... EXPROPIADOS AGRARIOS

El Mandatario aseguró que el gobierno tiene como objetivo restablecer plenamente el orden legal y ciudadano en el país, y hacer como señala la Constitución, cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales.

Señor Presidente Alan García Pérez, demande hoy al Ministro de Justicia tomar una decisión definitiva en el caso de los EXPROPIADOS AGRARIOS, le pedimos que con esa prontitud de hacer respetar la ley, como en el caso del Mercado Santa Anita que pidió no alargar la situación que “ya pareció una agonía”, esperamos que por ser de justicia sea de la misma manera en nuestro caso.

NUESTRO CASO:
El Tribunal Constitucional, al sentenciar tres acciones de inconstitucionalidad, ha fijado el derecho de los Expropiados a obtener el pago del valor actualizado de las prestaciones indemnizatorias más los intereses que correspondan de acuerdo a ley. Estas sentencias han sido integradas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.
Sin embargo, la posición del Ministro desacata el mandato del Tribunal Constitucional, contraviene el expreso reconocimiento de la Ley y pretende otorgar relevancia jurídica al sistemático incumplimiento de la Constitución, la Ley de Presupuesto y la Ley del Sistema de Endeudamiento Público que lo obligan a mantener un registro actualizado de la Deuda Pública.
Al cabo de 40 años de confiscación, los ciudadanos peruanos víctimas de la arbitrariedad y la confiscación, son obligados por los burócratas a postular una demanda judicial para realizar un derecho que el Tribunal Constitucional y la ley han fijado como incuestionable.

Sucedió así: ¿Faltó decisión política, imaginación para la solución de Bonos de la Reforma Agraria?

Congreso aprueba pago de los bonos de la Reforma Agraria

(2006-03-24) De acuerdo con el proyecto, la deuda podrá llegar a los US$3.121 millones
Por el costo fiscal que implica, el Ejecutivo observará la ley del Congreso
Con solo 59 congresistas en la sala, el pleno del Congreso --si así se le puede llamar a una reunión en la que faltó más de la mitad de parlamentarios-- aprobó por 35 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones el proyecto de ley de seguridad jurídica para el saneamiento físico legal de predios afectados por el proceso de Reforma Agraria. Gracias a este, se crea un mecanismo para que aquellos bonos emitidos por el gobierno de facto del general Juan Velasco Alvarado, que quedaron impagos, sean por fin cancelados.
De acuerdo con el proyecto aprobado por el Congreso, el pago de la deuda se realizará a través de la emisión de nuevos bonos denominados Bonos Actualizados de la Deuda Agraria, los que se pagarán al vencimiento (en 15 años) y a una tasa de interés de 6,7% anual (ajustado por inflación mediante el mecanismo del Valor Adquisitivo Constante-VAC).
Según estimaciones preliminares realizadas por la Comisión Multisectorial que el 15 de julio del 2001 se creé para encontrarle una solución al problema de los acreedores, la deuda ascenderá a US$3.121 millones (al ajustarse por el índice de precios al consumidor de Lima la deuda nominal de 2.611,09 millones de soles oro).
En total, serán 4.108 los tenedores de bonos de la Reforma Agraria, siendo el 20% de ellos acreedores del 80% de la deuda impaga. Sin embargo, ese cálculo fue realizado por la comisión sobre la base de los certificados emitidos (no todos fueron colocados), por lo que la deuda y el número de acreedores podrá ser inferior.
No prosperará
Sin embargo, en el MEF aseguran que no existe registro formal de quienes son los afectados o de a cuanto asciende la deuda, por lo que consideran que será muy complicado el proceso de acreditación. Además, no todos fueron expropiados, existen personas que están en proceso de expropiación y otras que fueron afectadas, pero sin juicio de por medio.
Pero lo más importante para el MEF, cuyos funcionarios quedaron sorprendidos ante el anuncio de que el Congreso aprobó el proyecto de ley, es que no existe dinero para cubrir el pago. Lo peor de todo, indicaron, es que el Congreso es consciente de ello y no ha pensado en su financiamiento. Por ello, sostuvieron, el Ejecutivo observar el proyecto de ley.
Se quiso obtener la posición de la Asociación de Afectados por Expropiación de la Reforma Agraria (Adaepra), pero fue imposible ubicar a su presidente, Fernando Sabogal. Sin embargo, en conversación previa con este Diario, considera que el pago es factible, toda vez que los bonos pueden ser canjeados por tierras para proyectos forestales o de otra índole, así como para la adjudicación de concesiones o pago de tributos.
La Ley 15037 (21/05/64) permitió que se modificara la Constitución de 1933 para poder expropiar tierras con fines de reforma agraria mediante el pago con bonos.
El Decreto Ley 17716 (24/06/69) expropia las tierras rusticas y las adjudica a los campesinos que las trabajaban.
El Decreto Legislativo 653 (01/08/91) establece que la valorización y cancelación de las expropiaciones será a precio de mercado y en efectivo.
El Decreto de Urgencia 088-2000 (10/10/2000) estableció el procedimiento para la acreditación y pago de la deuda, pero nunca se reglamentó.