Luego de casi 30 años, miles de agricultores que sufrieron la expropiación de sus tierras por parte del dictador Juan Velasco, están por lograr justicia. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó conocimiento de que el Ministerio de Economía ocultó un informe técnico que calculaba la deuda de más de mil millones de dólares, mientras se negaba a reconocerla públicamente. Así lo explica el abogado de algunos expropiados, Raúl Trujillo.
–La demanda internacional que ustedes presentaron ya estaría en su última instancia, para que se les pague lo quitado…
Efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento del informe de una comisión técnica del MEF, que reconocía la deuda que nos tenía en base a argumentos técnicos e irrefutables. Ha enviado un requerimiento al Estado peruano sobre esto.
–¿Qué respuesta podría tener este pedido? Tal vez el MEF podría negar la existencia del documento.Pero es que el documento lo tiene en su poder la Comisión. Incluso existe el Decreto Supremo 148 que firma Jaime Quijandría, que entonces era ministro de Economía. En ese decreto se crea una comisión constituida para verificar la deuda agraria. Eso data del año 2001, cuando el Tribunal Constitucional ya había fallado para que se pague cuatro mil millones de soles a los expropiados.
–El informe data del 2004 y se reveló su existencia recién este año. ¿Entonces la Comisión le pide al Estado que diga por qué estuvo oculto tanto tiempo?
En efecto, yo me he comunicado con la comisionada Silvia Serrano, y ella me confirmó que ya han enviado el requerimiento al Estado peruano. Es un documento rubricado por el mismo MEF, un informe de 130 páginas que lo ocultaron para no reconocer un derecho de miles de peruanos.
–¿Por qué cree que el MEF mantuvo en secreto la existencia de este informe?
Porque no ha habido voluntad política de compensar a los expropiados por una dictadura que no respetó el derecho a la propiedad.
–Estamos hablando de más de cuatro mil millones de soles que habría que pagar.
Bueno, esa cantidad es un cálculo del 2004. Han pasado cinco años, y hay que aplicar los intereses por el índice de precios al consumidor, lo que puede aumentar la deuda a tres mil millones de dólares, pero más allá del monto, lo más resaltante es que el gobierno reconozca su obligación. Y no hay más que discutir.
–¿Qué sigue en este proceso?
Que el Estado responda al requerimiento. Con estas pruebas, puede optar por la conciliación con los todos expropiados, no solo con los que represento. También podría insistir en su posición y perder el proceso. Entonces tendría que pagar la deuda y además una indemnización por los costos del proceso, que ya tiene tres años.
